Por Marco Kremerman, Economista Fundación SOL
En 1981, la educación pública en Chile se municipalizó: i) sin considerar que la Educación es un Derecho y colocando mayor importancia constitucional a la libertad de enseñanza (Artículo 20º de la Constitución); ii) creando un Sistema de Financiamiento inédito a las escuelas, el cual entrega subvenciones según número de alumnos que asisten a clases; iii) sin calcular cuánto era el costo de una Educación de altos estándares de calidad. El valor de la Subvención es un monto arbitrario; iv) entregando Subsidios también a las escuelas particulares, las cuales pueden legalmente Seleccionar a sus alumnos, lucrar y a partir de 1993 pueden Cobrar Aranceles, bajo la modalidad del Financiamiento Compartido y desde fines de los 90’ incluso reciben financiamiento para su infraestructura.
Se pretendía avanzar en cobertura en educación básica y media, pero a pesar de que se pudo haber hecho a través de una mayor apertura de escuelas públicas, el camino elegido fueron las escuelas Particulares Subvencionadas, de tal forma que se incentivara la competencia por recursos limitados con las Escuelas Municipales, bajo la lógica que estos incentivos generaría un aumento en la calidad del sistema educactivo.
Las principales consecuencias de este proceso, 30 años después, son: i) Reducción ostensible de la matrícula pública, pasando de un Sistema Público con complemento privado (78% de matrícula municipal y 15% de particular subvencionada) a un Sistema Privado con complemento público (37% de matrícula municipal y 54% particular subvencionada); ii) Comunas y familias endeudadas; iii) Comunas más ricas pueden destinar más recursos a sus Escuelas; iv) Altos niveles de Segregación escolar; v) Escasos avances en “Calidad” (Definición difusa y en disputa); vi) Territorios sin planificación y sólo expuestos a incentivos de mercado; vii) Privatización exógena o “de” la educación pública chilena y privatización endógena o “en” la educación pública chilena.
De hecho, en los últimos 20 años se registra una disminución neta de 864 escuelas municipales y un aumento neto de 2.942 escuelas particulares subvencionadas. En el ranking de los países de la OCDE, Chile es el país donde existe menos presencia de matrícula en la educación pública. En la mayoría de estos países se observan cifras mayores al 90%. Además, en muchos países el Gobierno Central paga los salarios de los profesores y se financian las escuelas según su tamaño, número de aulas y otros factores. Cuando se financia a escuelas particulares, estas no pueden seleccionar, cobrar aranceles ni lucrar.
Con un financiamiento a las escuelas vía Subvención por alumno que asiste a clases, existe muy poco margen para gastar en otros ítems que no sea el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales del cuerpo docente y codocente que trabaja en las escuelas municipales. En general, los recursos que se asignan para gasto de funcionamiento de los establecimientos e inversión son exiguos y no pueden planificarse de acuerdo a las necesidades específicas de cada unidad. La SEP recién está permitiendo asignar recursos a otros ítems y muchos de ellos corresponden aún a líneas básicas para financiar una escuela.
De esta forma, si la educación chilena se desmunicipalizara hoy, sin cambiar las reglas del juego y el sistema de financiamiento: i) Durante el período de transición, la matrícula originalmente pública seguirá cayendo pasando a ser no más de 1/3 de la matrícula total.; ii) La antigua Educación Municipal se terminará de transformar en una especie de Reformatorio en donde asisten los alumnos con mayores necesidades educativas y no seleccionados en las otras escuelas; iii) Invirtiendo los recursos suficientes (aumentando el valor de la subvención) pasará a ser un Reformatorio decente.
Antes, de decidir un proceso de desmunicipalización o cambio de administración y control de las escuelas municipales, resulta primordial transformar los aspectos fundacionales del Sistema Educativo Chileno y desplazarnos desde el eje de “El arte de lo posible” (no tocando los intereses del negocio de la educación) o Hacer política pública sobre “la leche derramada” (Mejorar el monto de la subvención escolar, crear una Subvención a la Clase Media). Esto implica establecer un Diagnóstico compartido (con memoria histórica) y algunos elementos centrales para el nuevo diseño.
En este sentido, se proponen 10 principios básicos para pasar del experimento chileno a un Sistema Educativo serio de manera progresiva.
1) La Educación es un Derecho Humano y no un “bien de consumo”. Chile debería seguir los principios que se explicitan en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de Diciembre 2008. El Estado debe Respetar, Proteger y Garantizar el Derecho a la Educación bajo la tríada de la Obligatoriedad, Universalidad y Gratuidad.
2) Se deben remover los Obstáculos que impiden la realización del derecho a la Educación: Falta de Voluntad Política, Reglas o condicionamientos Macroeconómicas, Baja Carga Tributaria y Estructura Regresiva.
3) Realizar el Costeo adecuado, bajo un proceso de Construcción Participativa que permita tener una Educación Asequible, Accesible, Aceptable y Adaptable.
4) Para acortar las brechas históricas, corrientes y de cualificación del sistema, inevitable y urgentemente se requiere una Reforma Tributaria focalizada en los impuestos directos a las empresas y eliminar exenciones tributarias a los más ricos.
5) Se debe cambiar el Sistema de Financiamiento. Implica eliminación del Financiamiento Compartido y reestructuración de la subvención por asistencia para pasar a un Esquema de Financiamiento Basal por Tamaño Escuela, Aula y condiciones difíciles.
6) Prohibir la selección y el lucro de las escuelas que reciben recursos públicos.
7) Establecer una definición consensuada de Educación Pública para un Proyecto País determinado (¿Educar para qué?).
8) Establecer un proceso de Planificación Territorial, de tal forma que en todas las comunas del país deberían existir escuelas públicas Asequibles, Accesibles, Aceptables y Adaptables.
9) Debe existir Plena Participación de los distintos actores sociales, la cual debe extenderse en la administración futura de las escuelas y en el seguimiento y control presupuestario (Accountability).
10)Finalmente, un nuevo modelo de administración podría llevarse a cabo a través de Corporaciones Provinciales/Comunales de Derecho Público financiadas adecuadamente con dependencia Regional y giro único. El Estado coordina fiscalización, diseño del currículum y evaluación a través de sus brazos regionales.